El presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., (AIPI), Manuel Villoria Mendieta, presentó el pasado día 26 ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la Memoria anual correspondiente a los cuatro meses de funcionamiento de la entidad en 2025. En su intervención, Villoria Mendieta aseguró que desde el primer momento la prioridad ha sido posibilitar la presentación de comunicaciones por parte de las personas informantes a pesar de contar con escasos medios.

De las 174 comunicaciones recibidas en 2025, un tercio fueron anónimas. Se recibieron 26 solicitudes de protección, de las que 17 fueron concedidas. En cinco casos se iniciaron actuaciones por posibles represalias o incumplimientos de la confidencialidad y otros requisitos de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La actividad de la AIPI está creciendo, según indicó, y en lo que va de 2026 (hasta el 20 de mayo, se han registrado 414 nuevas comunicaciones y 43 solicitudes de protección, 15 de las cuales se han concedido).

Construcción de la organización

Construir la propia organización, desde cero, sin antecedentes en la Administración General del Estado sobre la materia, ocupa y preocupa también al presidente de la AIPI. En este sentido, destacó el apoyo en esos meses iniciales del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, en un contexto de presupuestos prorrogados, proporcionó apoyo presupuestario y logístico (especialmente tecnológico) para poner en marcha la institución.

Manuel Villoria reclamó en su intervención más medios para poder llevar a cabo las funciones que la Ley 2/2023, encomienda a la AIPI, ya que se cerró 2025 con 11 puestos cubiertos de una Relación de Puestos de Trabajo de 18, con un coste presupuestario destinado a cubrir las nóminas de personal y los gastos derivados del funcionamiento ordinario.

Pese a estas dificultades, se han conseguido avances significativos:

-Se ha creado la sede electrónica de la Autoridad.

-Se ha diseñado el sistema de información de la AIPI.

-Se ha puesto en funcionamiento el canal externo, indispensable para la recepción de informaciones y comunicaciones y para la protección de las personas informantes.

-Y se han iniciado las primeras actuaciones de protección.

Y destacó como caso de éxito de estas primeras actuaciones, pero ya en 2026, el diseño y gestión del formulario de comunicación de la designación de los responsables de los sistemas internos de información de las entidades públicas y privadas, cuyo plazo de presentación inicial de dos meses se habilitó desde el 9 de febrero de 2026.

La falta de tiempo no ha permitido en 2025 iniciar expedientes sancionadores, pero sí se ha trabajado en sentar bases metodológicas sólidas que aseguren las actuaciones en el futuro, tanto metodológicamente como jurídicamente.

El presidente de la AIPI detalló en su intervención en el Congreso otras actividades realizadas en estos primeros meses de actuación, tales como recomendaciones, resolución de consultas de interpretación de la ley 2/2023, de 20 de febrero, o el funcionamiento de los sistemas internos de información que tienen que instalar tanto las administraciones públicas como muchas empresas.

Relación con las Comunidades Autónomas

La aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, se ha indo desarrollando por las Comunidades Autónomas a distinta velocidad. Así, algunas Comunidades Autónomas (ocho en 2025, a las que se han sumado muy recientemente otras dos) han creado autoridades específicas para la protección de informantes, aunque las competencias asumidas tienen diferentes alcances.

Manuel Villoria alertó de que la Ley no habilita a la AIPI a actuar de forma residual, por lo que, en las restantes comunidades autónomas, que carecen de mecanismos propios, la Autoridad estatal no puede actuar como canal externo (recibir informaciones) ni proteger a las personas denunciantes.

La solución para este problema de inequidad (con riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea) es que las Comunidades Autónomas firmen convenios específicos con la Autoridad. En este sentido, Villoria Mendieta apremió a las Comunidades Autónomas a que de forma inmediata se comprometan a la creación de la autoridad y la asunción de sus competencias o bien a la firma del convenio con la AIPI, que incluye una cláusula económica en la que la Comunidad firmante asume el coste de la prestación del servicio.

Modificación legislativa

Destacó el presidente de la AIPI que, para poder garantizar la protección de las personas informantes de forma correcta, es decir, cumpliendo lo establecido por la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es necesario modificar la Ley 2/2023, de 20 de febrero, en algunas cuestiones concretas. Para consensuar estas propuestas se ha trabajado en un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas.

Estas propuestas pasan por ampliar el alcance de la protección otorgada a las personas, tanto en el tiempo como en el tipo de conductas que se pueden denunciar, ya que algunas de ellas no son delitos, pero son enormemente dañinas para el interés público; y también ampliar algunas restricciones actuales de la norma a la hora de admitir la protección (por ejemplo, si se ha inadmitido previamente su comunicación en un canal interno).

También se quiere incluir en la normativa la posibilidad de adoptar medidas cautelares en materia de protección, y proteger asimismo a los responsables de los sistemas internos y externos frente a posibles presiones, así como la ampliación del plazo de actuación en el régimen sancionador, hoy limitado a solo tres meses, manifiestamente insuficiente para expedientes complejos que exigen extremar las garantías de seguridad jurídica.

La comparencia está disponible en la web del Congreso: https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=303&codSesion=21&idLegislaturaElegida=15&fechaSesion=26/05/2026.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Raúl Díaz Marín (PSOE); Manuel Villoria, presidente de la AIPI, y Joaquín Martínez Salmerón (PSOE, presidente de la Comisión), durante la comparecencia del Presidente de la AIPI en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la Memoria anual 2025 de la AIPI