Expertos constitucionalistas debaten sobre la Ley 2/2023 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en una jornada coorganizada con la AIPI

«Tres años de vigencia de la Ley 2/2023» fue el punto de partida de la jornada de debate que, con el mismo nombre, reunió ayer en Madrid, en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a expertos constitucionalistas, a responsables de las autoridades competentes en protección de la persona informante, y a organizaciones públicas y privadas interesadas en la materia.

La jornada de debate fue inaugurada por el presidente de la AIPI, Manuel Villoria, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García. En su intervención, Manuel Villoria indicó que desde España se han presentado propuestas para mejorar la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Añadió que, consensuada con las autoridades autonómicas, se ha propuesto una reforma de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Los participantes en las diferentes mesas abordaron cuestiones esenciales para la protección de las personas informantes, como los convenios con las Comunidades Autónomas que carecen de autoridad competente, o cómo se deben articular las diversas herramientas recogidas por la ley para que se puedan comunicar las infracciones recogidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

La primera mesa estuvo moderada por la Gerente de la AIPI, María José Gómez, que propuso al profesor de Derecho Constitucional Javier Sierra y la catedrática de Derecho Penal Silvina Bacigalupo diversas cuestiones relacionadas con los desafíos y propuestas para una mejor protección del informante.

Seguidamente, la Directora del Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador, Teresa de Jesús Sánchez, moderó el debate sobre la realidad autonómica tres años después de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, entre Josep Tomás Salas y Francisco de Paula Sánchez, directores de las oficinas catalana y andaluza, respectivamente.

En la tercera mesa participaron los catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Medina y Tomás de la Quadra-Salcedo, con la moderación de Flora Pérez, Subdirectora General de Política Legislativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El encargado de la conferencia final fue el ex ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Francisco Caamaño, que disertó sobre «Una visión de la Ley 2/2023 desde las políticas de compliance en el sector privado».

El presidente de la AIPI, Manuel Villoria, y la directora del