La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo público estatal encargado de proteger a las personas que informen sobre infracciones contenidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y de gestionar el canal externo de información previsto en dicha norma.
La AIPI actúa con plena autonomía e independencia respecto del Gobierno y del resto de las Administraciones Públicas, garantizando una actuación objetiva, imparcial y orientada a la protección del interés público.
Su finalidad es contribuir a la detección temprana de infracciones que puedan afectar al interés público, proteger a las personas informantes frente a posibles represalias y promover una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las organizaciones públicas y privadas.
Para el cumplimiento de estos fines, la AIPI desarrolla funciones de gestión del canal externo de información, protección y apoyo a las personas informantes, ejercicio de la potestad sancionadora en los supuestos legalmente previstos, emisión de informes y recomendaciones, y promoción de la cultura de la información.
Está regulada en la Ley 2/2023, de 20 de febrero y en el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
La AIPI ha entrado en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025, de conformidad con la Orden del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, PJC/908/2025, de 8 de agosto.