Quién puede informar

Cualquier persona física que haya tenido conocimiento de infracciones en un contexto laboral o profesional, puede comunicarla por las vías señaladas. 

Eso incluye:

• Las personas que tengan la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena.
• Los autónomos.
• Los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos.
• Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Las personas cuya relación laboral estatutaria ya ha terminado.
• Las personas voluntarias, becarias, o trabajadoras en periodo de formación.
• Las personas que han conocido la información comunicada en el proceso de selección o negociación precontractual, aunque aún no hayan empezado a trabajar.

La Ley 2/2023 reconoce una serie de derechos y garantías destinados a facilitar la comunicación de informaciones y a proteger a quienes informan sobre posibles infracciones.

Confidencialidad y protección de identidad

La persona informante puede:

• Presentar la comunicación de forma anónima.
• Comunicar su identidad y solicitar que sea tratada de forma confidencial.
• Ejercer los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos personales.

Comunicación con la AIPI:

La persona informante tiene derecho a:

• Presentar la comunicación por escrito o verbalmente.
• Facilitar una dirección postal, electrónica o cualquier otro medio seguro para recibir comunicaciones.
• Renunciar a recibir comunicaciones sobre la tramitación de su expediente.

Participación en el procedimiento:

La persona informante puede:

• Comparecer ante la AIPI cuando lo considere oportuno o cuando sea requerida para ello.
• Acudir asistida por abogado.
• Solicitar que sus comparecencias se realicen por videoconferencia u otros medios telemáticos seguros.
• Conocer el estado de tramitación de su comunicación y el resultado de las actuaciones en los términos previstos por la Ley.

Estas garantías tienen por finalidad facilitar que las personas puedan comunicar posibles infracciones con confianza, seguridad y sin temor a represalias.

• Las personas a las que se atribuya la conducta comunicada tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en la ley, así como a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.
• En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación. Durante la instrucción se dará noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado.
• Adicionalmente se le informará del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales. No obstante, esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considerara que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.
• La AIPI no puede emitir conclusiones ni hacer referencias nominales en sus informes si la persona concernida no ha tenido previamente la posibilidad real de conocer los hechos, y la oportunidad de dejar constancia de su opinión.
• Sin perjuicio del derecho a formular alegaciones por escrito, la instrucción comprenderá, siempre que sea posible, una entrevista con la persona afectada en la que, siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, se le invitará a exponer su versión de los hechos y a aportar aquellos medios de prueba que considere adecuados y pertinentes.
• A fin de garantizar el derecho de defensa de la persona afectada, la misma tendrá acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento, y se le advertirá de la posibilidad de comparecer asistida de abogado.