Procedimiento

El procedimiento sancionador se rige por el Título IX de la Ley 2/2023 y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Se inicia siempre de oficio y respeta la separación entre instrucción y resolución (art. 63.1 LPAC): la tramitación corresponde al Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) y la resolución, al Presidente de la AIPI.

El procedimiento debe resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, ampliable excepcionalmente y de forma motivada por otros tres; transcurrido dicho plazo sin resolución se produce la caducidad. Si se apreciaran indicios de delito, el Departamento pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, se suspenderá el procedimiento por prejudicialidad penal (art. 22.1.g LPAC), en garantía del principio non bis in idem.

Con carácter previo a la incoación, el Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador puede realizar actuaciones previas para esclarecer los hechos, valorar su relevancia e identificar a la persona presuntamente responsable (art. 55 LPAC).

El Departamento acuerda la incoación del procedimiento, identificando a la persona presuntamente responsable, los hechos imputados y su posible calificación, las sanciones que pudieran corresponder, la persona instructora —y, en su caso, secretaria— con su régimen de abstención y recusación, y haciendo constar que el órgano competente para resolver es el Presidente de la AIPI (arts. 63 y 64 LPAC).

La persona interesada dispone de un plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba ante el instructor. Si no alega en plazo y el acuerdo contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad, podrá tenerse por propuesta de resolución (art. 64.2.f LPAC).

La persona instructora designada en el Departamento practica de oficio los actos necesarios y abre, en su caso, período probatorio (arts. 75 a 77 LPAC).

Concluida la instrucción, el Departamento formula propuesta de resolución —con los hechos, su calificación, la infracción, la persona responsable y la sanción propuesta—, concede trámite de audiencia y eleva el expediente al Presidente de la AIPI (arts. 89 y 82 LPAC).

El Presidente de la AIPI dicta resolución motivada, que no podrá fundarse en hechos distintos de los determinados durante la instrucción (art. 90 LPAC).

La resolución del Presidente agota la vía administrativa; frente a ella cabe recurso potestativo de reposición ante el propio Presidente y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.