La confidencialidad constituye un principio esencial en la actuación de la AIPI y una condición indispensable para que las personas se decidan a comunicar infracciones. La AIPI garantiza que la identidad del informante, así como la de cualquier tercero mencionado y la de las personas afectadas, será tratada con la máxima reserva.
Esta garantía implica que la identidad del informante se mantendrá reservada, limitándose su conocimiento a las personas legalmente autorizadas, dentro del ámbito de sus competencias y funciones y conforme al principio de necesidad de conocer. La identidad solo podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente, y únicamente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, conforme a lo previsto legalmente.
El deber de confidencialidad no se limita a los datos identificativos estrictos, sino que se extiende a cualquier información que permita deducir directa o indirectamente la identidad del informante, tanto la facilitada por este como la que resulte del propio procedimiento de gestión de la comunicación. Esta protección alcanza igualmente a cualquier tercero mencionado y a las personas afectadas.
La garantía de confidencialidad exige que el canal externo de la AIPI responda a un modelo de seguridad integral, basado en medidas técnicas y organizativas proporcionadas a los riesgos existentes. Entre ellas, la utilización de plataformas seguras y diferenciadas, la restricción y el control de accesos, el cifrado de la información, la separación respecto de los sistemas corporativos ordinarios y la trazabilidad de los accesos y actuaciones realizadas.
La AIPI manifiesta su compromiso con el empleo de aplicaciones seguras y diferenciadas, con acceso restringido, y con medidas de protección de la información como el cifrado, la autenticación y el control de accesos, la separación de los entornos de tratamiento y la trazabilidad de los accesos realizados. Este compromiso con la confidencialidad determina que se adopten las garantías necesarias incluso en aquellos supuestos en los que la información se reciba por vías distintas a los canales específicamente habilitados o sea comunicada a personas no responsables de su gestión. A tal efecto, la AIPI cuenta con un Protocolo interno de actuación ante la recepción de comunicaciones o informaciones por personas, órganos o unidades no competentes.