La AIPI se suma a la declaración de Lisboa sobre la integridad en la inversión en Defensa

La AIPI se suma a las autoridades anticorrupción europeas que han firmado una declaración sobre integridad en la inversión en Defensa, una vez constatado el aumento significativo del gasto de los estados en esta materia. Los firmantes reclaman «un renovado compromiso con los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas».

Por ello, recuerdan a los gobiernos «la importancia de incorporar salvaguardias de integridad a lo largo de todo el ciclo de inversión en defensa, incluyendo la planificación estratégica, la evaluación de necesidades, la contratación, la adjudicación y gestión de contratos, la entrega, la operación, el mantenimiento, las actualizaciones, la retirada de equipos y todos los procesos financieros y logísticos relacionados».

Las autoridades firmantes reafirman en la Declaración su «compromiso de apoyar a las instituciones públicas y privadas en la promoción de la transparencia, la prevención de la corrupción y el fomento de la buena gobernanza en la ejecución de inversiones relacionadas con la defensa».

Los países de la Unión Europea cuyas autoridades anticorrupción se han sumado hasta el momento a la Declaración son Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Rumanía. A todas ellas se suma ahora España.

El texto completo de la Declaración se inserta a continuación.

Declaración conjunta sobre la integridad en la inversión en Defensa

Nosotros, las autoridades firmantes de lucha contra la corrupción e integridad, reconocemos que el contexto geopolítico actual está dando lugar a un aumento sustancial del gasto y la contratación en materia de defensa en toda Europa y fuera de ella. Si bien estas inversiones responden a la necesidad de reforzar la seguridad nacional y colectiva, también requieren un renovado compromiso con los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas. La experiencia ha demostrado de forma constante que los periodos de inversión pública excepcional, especialmente cuando concurren urgencia y complejidad, pueden generar mayores riesgos de corrupción si no se establecen las salvaguardias adecuadas.

Las experiencias pasadas han demostrado que las deficiencias en la gobernanza, la supervisión y el control pueden reducir la eficacia del gasto público y, en última instancia, comprometer los propios objetivos de dichas inversiones; en este caso, debilitando la defensa.

En este contexto, subrayamos que la aceleración de la inversión en defensa no debe producirse a costa de la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas o una supervisión eficaz.

Por el contrario, el contexto actual refuerza la necesidad de garantizar que una gobernanza sólida y medidas preventivas robustas sigan siendo una parte integral de los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo también la confianza pública. Por ello, destacamos la importancia de incorporar salvaguardias de integridad a lo largo de todo el ciclo de inversión en defensa, incluyendo la planificación estratégica, la evaluación de necesidades, la contratación, la adjudicación y gestión de contratos, la entrega, la operación, el mantenimiento, las actualizaciones, la retirada de equipos y todos los procesos financieros y logísticos relacionados.

Los controles internos adecuados, la gestión de riesgos, la prevención y/o gestión de los conflictos de intereses y la supervisión independiente deben ser proporcionales a los riesgos existentes y aplicarse de manera coherente en todas las fases. Asimismo, alentamos a todas las autoridades públicas y actores privados implicados en la inversión en defensa a reforzar los enfoques preventivos, promover una cultura de integridad y buena gobernanza, y garantizar que los riesgos de corrupción sean identificados, evaluados y mitigados de forma sistemática. Salvaguardar la integridad no es un obstáculo para reforzar las capacidades de defensa; es una condición esencial para lograrlo. Garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente, eficaz y de acuerdo con los más altos estándares de integridad protege los recursos públicos, fortalece la confianza ciudadana y, en última instancia, mejora la eficacia y la credibilidad de la propia defensa.

Los marcos eficaces de gobernanza deben, por supuesto, garantizar una sólida rendición de cuentas y supervisión, respetando al mismo tiempo plenamente los requisitos legítimos de confidencialidad asociados a la información clasificada, las capacidades de defensa y los asuntos operativos.

Como autoridades de lucha contra la corrupción e integridad, y dentro del marco de nuestros respectivos mandatos legales, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las instituciones públicas y privadas en la promoción de la transparencia, la prevención de la corrupción y el fomento de la buena gobernanza en la ejecución de inversiones relacionadas con la defensa.

Esperamos cooperar, intercambiar buenas prácticas y apoyar a las autoridades nacionales para garantizar que el aumento de la inversión en defensa vaya acompañado de compromisos igualmente sólidos y de acciones específicas en materia de integridad, adaptadas a cada contexto nacional.